La comunidad científica argentina se encuentra en estado de máxima alerta. Investigadores y becarios posdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) denunciaron públicamente que al menos 379 profesionales altamente calificados corren el riesgo de ser desvinculados del organismo a partir del próximo mes de julio. La drástica situación motivó la convocatoria a una movilización nacional para el lunes 1 de julio en la sede del Polo Científico, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Según el comunicado emitido por el Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales junto a postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT), el sistema de ciencia y tecnología atraviesa una crisis sin precedentes. Los trabajadores detallaron que, desde diciembre de 2023, el sector pierde un promedio de casi ocho puestos de trabajo por día. Además, alertaron que el presupuesto asignado al área se desplomó al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que se ubica incluso por debajo de los niveles registrados tras el estallido económico del año 2001.

A la preocupante ola de despidos se suma la parálisis en el financiamiento de proyectos clave. El desmantelamiento de la Agencia I+D+i y el congelamiento de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) mantienen frenadas numerosas líneas de investigación en todo el país. Asimismo, la comunidad científica denunció graves demoras en la incorporación de personal: el organismo todavía adeuda la efectivización de 585 cargos correspondientes a la convocatoria de 2022 y la totalidad de los 400 puestos concursados en 2023.

El conflicto también tiene un alarmante frente sanitario. Cientos de investigadores se quedaron sin cobertura médica debido a las bajas en la obra social Unión Personal. En varias provincias del país el servicio lleva dos años suspendido o con serias irregularidades, y en las zonas donde aún funciona, los coseguros resultan impagables. En respuesta, las autoridades dirigidas por Daniel Salamone propusieron un polémico bono de 90 mil pesos mensuales a cambio de renunciar a la obra social oficial, medida que fue fuertemente rechazada por los gremios científicos.