La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias se recrudece con cada nueva decisión económica, y el último capítulo se ha escrito con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos, concebidos en su origen como un mecanismo de asistencia federal para situaciones de emergencia, se han transformado en una herramienta de negociación y, según denuncian diversos sectores, de castigo político. La Rioja, una vez más, ha sido protagonista de esta dinámica, quedando fuera del reciente desembolso de $12.500 millones que la Casa Rosada destinó a un puñado de provincias consideradas “aliadas”. Esta exclusión no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de marginación que se extiende desde 2023, profundizando el malestar y la vulnerabilidad financiera de una de las jurisdicciones más castigadas por la política económica central.

Para entender la magnitud del conflicto, es esencial recordar qué son los ATN y cómo funcionan. La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.548) establece que un 1% de la masa de impuestos coparticipables debe ser reservado para este fondo. Su objetivo fundacional es claro: asistir a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en casos de emergencias financieras o desequilibrios coyunturales. Sin embargo, si bien la recaudación del fondo es automática y está ligada a la coparticipación, su distribución no lo es. Históricamente, el Poder Ejecutivo nacional ha gozado de una amplia discrecionalidad para decidir cuándo y a quiénes enviar estos recursos. Esta discrecionalidad, que en el pasado ha sido fuente de conflictos, se ha agudizado bajo la actual administración, que parece utilizar los ATN como una moneda de cambio para premiar la lealtad política y sancionar la disidencia.

La reciente distribución de los fondos es una prueba de ello. Las únicas beneficiadas fueron Misiones ($4.000 millones), Entre Ríos ($3.000 millones), Santa Fe ($3.000 millones) y Chaco ($2.500 millones). Las críticas no tardaron en llegar, ya que la selección de estas provincias generó suspicacias. El informe de la consultora Politikón Chaco subraya que el desembolso se produce en un contexto de alta conflictividad, superando incluso las transferencias del mes anterior. Pero lo que más llama la atención es el claro sesgo político en al menos dos de los casos.

Entre Ríos, con el gobernador Rogelio Frigerio, ha sido la gran beneficiada, recibiendo fondos en agosto y sumando un nuevo desembolso en septiembre. La razón es evidente: el oficialismo provincial de Frigerio ha sellado un acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), presentando listas conjuntas para las próximas elecciones. Algo similar sucede en Chaco, donde el oficialismo de la provincia también se ha aliado con LLA. Este favoritismo no es una coincidencia, sino un claro mensaje: la colaboración con el gobierno central se traduce en un acceso privilegiado a la asistencia financiera.

No obstante, los casos de Santa Fe y Misiones son más complejos y desafían la lógica del simple alineamiento. Ambos gobernadores han mantenido una postura crítica hacia el Gobierno nacional y no tienen alianzas electorales directas. Esto sugiere que la dinámica de los ATN no es unidimensional; podría haber otras variables en juego, como presiones coyunturales, necesidades urgentes o incluso un intento de la Casa Rosada de mostrarse menos intransigente. Sin embargo, la exclusión persistente de La Rioja refuerza la percepción de que el criterio principal sigue siendo el político.

El caso riojano es particularmente dramático. La provincia, que no recibe ATN desde 2023, ha manifestado en reiteradas ocasiones su grave situación financiera. El gobernador Ricardo Quintela, un férreo opositor al gobierno nacional, ha denunciado públicamente el «ahogo» al que, según él, están siendo sometidas las provincias que no se alinean con la Casa Rosada. Su declaración sobre la designación del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, a la que calificó de «intrascendente», refleja el profundo desencanto y la nula expectativa de un cambio de rumbo en la relación entre el poder central y su provincia.

La disputa por los ATN ha escalado al ámbito legislativo, convirtiendo al Congreso en el nuevo campo de batalla. Un proyecto de ley impulsado por los gobernadores, que buscaba establecer una distribución automática y coparticipable de los ATN, fue vetado por el presidente Javier Milei. Esta semana, el Senado buscará revertir dicho decreto, en lo que se perfila como una confrontación de alto riesgo para el oficialismo. La posibilidad de que el Congreso imponga una lógica de federalismo cooperativo a través de la ley choca directamente con la visión del Poder Ejecutivo, que ha hecho de la discrecionalidad un pilar de su estrategia de gobernabilidad.

El debate en el Senado no solo definirá el futuro de los ATN, sino que también sentará un precedente sobre el equilibrio de poder en el sistema federal argentino. Una victoria de los gobernadores en el Congreso podría limitar la capacidad de la Casa Rosada para usar los fondos como herramienta de presión. Por el contrario, si el veto presidencial se mantiene, el gobierno nacional saldrá fortalecido, consolidando un modelo de relación con las provincias basado en la negociación directa y, en muchos casos, en la lealtad política.

Más allá de los titulares, la falta de asistencia financiera a provincias como La Rioja tiene consecuencias tangibles para sus ciudadanos. La ausencia de estos fondos dificulta la prestación de servicios básicos, la ejecución de obras públicas y la asistencia en momentos de crisis. Se crea un círculo vicioso: la provincia no recibe ayuda, se endeuda o recorta gastos, y su economía se resiente, afectando directamente a la población.

En conclusión, el reciente reparto de los Aportes del Tesoro Nacional no es solo una noticia económica, sino una radiografía de la política argentina actual. Muestra un gobierno que, lejos de buscar la armonía federal, utiliza sus herramientas financieras para premiar a sus aliados y marginar a sus oponentes. La lucha en el Congreso por revertir el veto presidencial a la ley de ATN es un reflejo de esta confrontación, y el resultado de esta batalla determinará si la Argentina avanza hacia un sistema federal más justo y equitativo o si, por el contrario, profundiza las desigualdades y el castigo político. La Rioja, en este complejo ajedrez, sigue esperando una mano que le permita salir del ahogo financiero al que parece haber sido condenada.