El panorama del mercado de trabajo en Córdoba arroja indicadores críticos para el inicio de 2026. Según relevamientos del Ministerio de Justicia y Trabajo de la provincia, entre el 1° de enero y mediados de marzo se contabilizaron 1.236 desvinculaciones laborales formalizadas, lo que representa un promedio de 17 salidas diarias y un salto del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estas cifras incluyen despidos, renuncias y retiros de común acuerdo validados oficialmente, aunque las autoridades advierten que el número real es superior, dado que muchos procesos se resuelven mediante escribanías privadas fuera del registro estatal. Esta tendencia se enmarca en un proceso de deterioro sostenido: en los últimos dos años, la provincia perdió aproximadamente 11.200 empleos privados registrados, dejando el total de asalariados formales en 520.600 hacia fines de 2025.

La caída del empleo corre en paralelo con el achicamiento del entramado empresarial. Entre finales de 2023 y 2025, dejaron de operar 3.746 firmas en territorio cordobés, una reducción del 7,7% del parque productivo que equivale al cierre de cinco compañías por jornada.

Este escenario ha disparado la conflictividad. Los reclamos individuales alcanzaron su punto más alto desde 2022, con el sector comercial a la cabeza de las denuncias, seguido por el trabajo doméstico y los call centers. Ante la crisis, sectores estratégicos como la metalurgia, el neumático y la industria mecánica han comenzado a tramitar procedimientos preventivos de crisis. Con una informalidad que supera el 40% y una alta dependencia de las pymes, la estructura laboral de Córdoba enfrenta hoy uno de sus momentos más vulnerables.