El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó formalmente la implementación de un nuevo plan de retiros voluntarios. La medida, diseñada bajo los lineamientos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, tiene como objetivo reducir la plantilla en aproximadamente 950 trabajadores, lo que representa cerca del 20% del personal actual.
Para financiar esta reestructuración, el Poder Ejecutivo prevé destinar un presupuesto de 101 mil millones de pesos para el pago de indemnizaciones. El programa está dirigido a empleados de planta permanente de hasta 65 años. Aquellos menores de 60 años recibirán una gratificación de 1,5 salarios por cada año de servicio, mientras que para los trabajadores más cercanos a la edad jubilatoria se aplicarán límites de entre 12 y 24 sueldos.
Sin embargo, la propuesta ha despertado fuertes críticas debido a su «letra chica»: el Gobierno solo reconocerá los años de antigüedad en planta permanente, excluyendo el tiempo desempeñado como becarios o en planta transitoria. Este ajuste se suma a otras medidas recientes, como el cierre del INTA AMBA, la clausura de agencias de extensión rural y la intención de poner en venta campos experimentales en desuso.
Desde los sectores gremiales y la comunidad científica advierten que este desmantelamiento debilita la capacidad operativa y de investigación de un organismo clave para el desarrollo agroindustrial y la soberanía tecnológica de la Argentina.
