Los sindicatos de la docencia universitaria acordaron la realización de una medida de fuerza a partir del miércoles 30 de septiembre, la cual se extenderá entre 48 y 72 horas. El reclamo central exige la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y la urgente aplicación de un reajuste en los salarios. La acción fue consensuada en el ámbito del Frente Sindical de Universidades Nacionales por intermedio de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), entidad que apunta a articular el plan de lucha junto a la CONADU Histórica.
Desde los sectores gremiales remarcaron que la suspensión de las jornadas de protesta quedará supeditada de manera exclusiva a que la administración nacional liquide, antes del martes 29 de septiembre, la recomposición dispuesta por la normativa vigente para la actividad.
La ratificación del paro surge tras la negativa a la reciente oferta salarial realizada por los representantes oficiales en el marco paritario. Según detallaron los gremios y las autoridades académicas, los haberes del sector docente registran un atraso sustancial en relación con el índice de inflación acumulado.
| Concepto | Porcentaje |
| Oferta salarial del Gobierno (Rechazada en paritarias) | 3,0% |
| Pérdida de poder adquisitivo (Atraso frente a la inflación) | 31,2% |
| Incremento por Ley exigido (A liquidar antes del 29/9) | 33,4% |
La definición de la huelga coincide con el dictamen emitido por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, el juez Martín Cormick, quien emplazó al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento formal en un plazo de cinco días a la medida cautelar que ordena hacer efectivos los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. La norma exige la actualización salarial de docentes y no docentes, además de la adecuación de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
El magistrado advirtió con la aplicación de sanciones económicas diarias frente a cada jornada de incumplimiento. Cabe recordar que la cautelar fue resuelta a fines de 2025, respaldada en marzo por la Cámara de Apelaciones y ratificada por la Corte Suprema de Justicia en junio último. Por su parte, la representación oficial adelantó que recurrirá el dictamen ante la Cámara Nacional de Apelaciones, argumentando haber presentado la documentación que respalda sus actuaciones.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso, rechazada mediante veto por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por la mayoría de dos tercios en ambas cámaras, si bien su instrumentación permaneció en suspenso por objeciones vinculadas al origen de los fondos.
En este marco, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, enfatizó sobre la importancia de consolidar los espacios colectivos para hacer frente a la fragmentación impulsada desde la conducción nacional. Las acciones de protesta servirán como preámbulo de cara a la quinta Marcha Federal Universitaria, pautada para el 15 de octubre, fecha en la que se debatirá la coyuntura presupuestaria y el proyecto del Presupuesto 2027.
