El mercado laboral argentino atraviesa un momento crítico. Según datos del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), basados en información del INDEC, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 44,2% durante el primer trimestre de 2026. Este incremento de dos puntos porcentuales respecto al 42,1% registrado en 2025 confirma una tendencia preocupante: más de cuatro de cada diez trabajadores ocupados en el país no cuentan hoy con aportes jubilatorios, cobertura de salud ni derechos laborales elementales.

El informe profundiza en la correlación directa entre el trabajo informal y la pobreza. Los datos son contundentes: el 34,3% de los trabajadores informales habita en hogares pobres, una cifra que triplica al 10% registrado entre quienes poseen empleo formal. En el sector de la indigencia, la brecha se ensancha aún más, afectando al 5,2% de los informales frente a solo el 1,2% de los trabajadores registrados.

La problemática afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. En la última década, la formalidad en jóvenes de 19 a 25 años se desplomó de un 43,5% a un 34,8%. Germán Tessmer, director del observatorio, advirtió que el mayor riesgo es que los jóvenes queden atrapados en un circuito de precarización desde su primer empleo, del cual resulta «costosísimo» salir.

Por otro lado, la brecha de género se ha consolidado: mientras que hace diez años la diferencia de informalidad entre varones y mujeres era de apenas 1,2 puntos porcentuales, hoy esa brecha asciende a 6,2 puntos. Este fenómeno está impulsado en gran medida por la expansión del cuentapropismo, que ha pasado a representar el 24,5% de los ocupados. A pesar de ser una vía de escape, el 65,3% de estos trabajadores autónomos opera en la informalidad, desempeñándose mayoritariamente en oficios, comercio y servicios personales, lejos de los sectores de alta calificación.