Tras una tensa jornada marcada por el reclamo de las fuerzas de seguridad, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció oficialmente un sustancial incremento salarial para los efectivos policiales. El mandatario provincial confirmó que, a partir de esta medida, ningún oficial que cumpla funciones operativas percibirá un haber inferior a los $1.438.835. Esta resolución surge como respuesta directa a un acuartelamiento que afectó diversos distritos de la provincia y que puso en jaque la normal prestación del servicio de seguridad.
El conflicto, que tuvo su epicentro en la Jefatura Regional II de Rosario durante aproximadamente 36 horas, se destrabó luego de que el Ejecutivo provincial admitiera que las demandas de los uniformados eran «genuinas». Durante la conferencia de prensa brindada en la Casa de Gobierno en Rosario, Pullaro subrayó la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de quienes están en la primera línea de combate contra el delito, señalando que los sueldos de las escalas más bajas habían quedado peligrosamente por debajo del costo de la canasta básica total.
El nuevo esquema salarial representa un salto significativo respecto a los montos previos, que oscilaban entre los 960 mil y el millón de pesos. La estructura del aumento se basa en una garantía de base de $1.350.000, a la que se le suman diversos ítems que elevan el piso final. Entre estos beneficios se destaca la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), que pasó de 84 mil a 168 mil pesos, y la incorporación de la garantía de canasta básica.
Además del sueldo mínimo garantizado, el gobernador detalló un sistema de adicionales que permitirá que muchos efectivos superen los 2 millones de pesos mensuales. Por ejemplo, se establecieron suplementos de $500.000 para aquellos dedicados exclusivamente a tareas operativas, $186.000 por tareas complementarias y un plus de $350.000 para los encargados de conducir los móviles policiales. Este desglose busca incentivar la presencia policial en las calles y compensar el riesgo y la responsabilidad de las tareas críticas.
Para facilitar el acuerdo, el Gobierno también decidió dar marcha atrás con el pase a disponibilidad de 20 agentes que habían participado en las protestas iniciales. Este gesto político, anunciado previamente por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue fundamental para descomprimir la situación y lograr que los efectivos levantaran la medida de fuerza minutos después del anuncio oficial.
Complementando la mejora económica, el plan de «bienestar policial» anunciado por Pullaro incluye medidas logísticas y de salud. Se confirmó el aumento de las frecuencias de colectivos para el traslado de personal policial y penitenciario, el refuerzo de los gabinetes psicológicos (que ya asisten a más de 570 efectivos) y la garantía de alojamiento en hoteles para aquellos oficiales que deban permanecer en Rosario por razones de servicio y no residan en la ciudad. Con estas disposiciones, el Gobierno de Santa Fe busca cerrar un capítulo de conflicto y consolidar una fuerza de seguridad mejor remunerada y equipada.
