La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del INDEC, tras seis años de gestión, ha generado una fuerte repercusión en el ámbito político y económico, reavivando el histórico debate sobre la autonomía y la transparencia de las estadísticas públicas en Argentina. Su salida se produce en un momento crítico: a pocos días del debut programado de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuya implementación ahora ha quedado bajo la lupa del Gobierno y el Ministerio de Economía.

En su carta de despedida, Lavagna destacó los avances técnicos logrados durante su mandato, incluyendo la mejora del Sistema Estadístico Nacional y la realización del Censo 2022, a pesar de los desafíos. Sin embargo, el trasfondo de su alejamiento parece estar marcado por crecientes tensiones políticas y técnicas. Uno de los puntos de fricción centrales es la postergación del nuevo IPC —basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018— que busca reflejar de forma más precisa los actuales hábitos de consumo.

Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo confirmó que el nuevo índice se aplazará hasta que la «desinflación esté consolidada», una decisión que los analistas interpretan como una señal de mayor injerencia política sobre el organismo. Este movimiento ha despertado temores de un «deja vu» de la intervención del INDEC ocurrida en 2007, cuando los datos técnicos colisionaron con las necesidades de comunicación del Poder Ejecutivo.

A las polémicas metodológicas se suman conflictos internos en el instituto, como el reclamo de los trabajadores por sueldos congelados y la preocupación del gremio ATE-INDEC ante la falta de un marco normativo que garantice una autarquía real. La figura del próximo director será clave: si se designa a alguien directamente vinculado al «riñón» del equipo económico actual, la percepción de independencia del organismo podría verse gravemente afectada.

En definitiva, la salida de Lavagna marca un punto de inflexión. El desafío para el gobierno de Javier Milei radica ahora en designar una conducción que mantenga la credibilidad técnica ganada en los últimos años y evitar que las estadísticas públicas vuelvan a ser vistas como una herramienta de marketing político en lugar de un termómetro objetivo de la realidad económica.