En un nuevo capítulo de desprecio por el patrimonio natural y la vida en las provincias, el Gobierno de Javier Milei ha oficializado una «Emergencia Ígnea» que, en la práctica, no es más que un cascarón vacío de contenido y, fundamentalmente, de recursos. Mientras más de 45.000 hectáreas de bosque nativo en la Patagonia han sido devoradas por las llamas, la Casa Rosada se limita a firmar papeles que no apagan incendios.

El decreto, lejos de ser una herramienta operativa, funciona como una maniobra distractiva frente a una crisis que ya se les fue de las manos. Lo más alarmante es la confirmación de que no se prevén nuevas partidas presupuestarias. En el altar del «déficit cero», la gestión libertaria decide sacrificar nuestra biodiversidad y dejar a los brigadistas —verdaderos héroes que trabajan al límite de sus fuerzas— combatiendo un infierno con medios precarios y sueldos de miseria.

La respuesta de la sociedad civil no se ha hecho esperar. Bajo la consigna «Marchamos para exigir la emergencia ígnea real», diversas organizaciones ambientales y sectores sociales convocan a una movilización urgente. No se pide solo un título en el Boletín Oficial; se exige financiamiento para aviones hidrantes, equipamiento digno y una presencia federal que deje de mirar para otro lado mientras el sur arde.

La política ambiental de Milei se resume en la inacción y el desfinanciamiento sistemático. Declarar la emergencia sin poner un solo peso es, en términos llanos, una burla para las comunidades que hoy ven cómo su entorno y su medio de vida desaparecen entre el humo y el olvido estatal. Mañana será tarde; el fuego no sabe de superávit fiscal.