En un intento por destrabar la implementación de la reforma laboral contemplada en la Ley Bases, el Gobierno nacional ha iniciado una etapa de mayores concesiones hacia la cúpula de la CGT.

El objetivo central de la Casa Rosada es reglamentar los puntos más sensibles de la reforma sin enfrentar un nuevo paro general o bloqueos judiciales que frenen la iniciativa.

Estas «concesiones» incluyen dar marcha atrás o suavizar artículos que afectaban directamente las cajas sindicales y la cuota solidaria, puntos que para el sindicalismo tradicional resultan innegociables. Mientras el Gobierno busca mostrar avances en la «flexibilización» para atraer inversiones, la CGT negocia desde una posición de resistencia controlada, logrando que los cambios más profundos en la estructura de poder gremial queden, por ahora, en un segundo plano.

El equilibrio es precario: el Ejecutivo cede autonomía política a cambio de gobernabilidad laboral.