La Unión Argentina de Salud (UAS) lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro del sistema sanitario privado en el país. Según la entidad, la posible falta de prórroga de la emergencia sanitaria en el Presupuesto 2026 pondría en riesgo directo la continuidad de más de un millón de puestos de trabajo y la estabilidad de miles de instituciones médicas.

El núcleo del conflicto reside en la pérdida de la inembargabilidad de las cuentas y activos. Este «paraguas legal», vigente desde la crisis de 2001, impide que las deudas fiscales acumuladas por las instituciones de salud deriven en ejecuciones judiciales inmediatas que paralicen su funcionamiento. Sin esta protección, a partir del 1 de enero de 2026, más de 5.000 centros de salud —entre clínicas, sanatorios y laboratorios de diagnóstico— quedarían expuestos a embargos que comprometerían la prestación de servicios críticos.

Hugo Magonza, titular de la UAS, fue categórico al señalar que la salud no puede ser tratada como una actividad económica convencional. El sector denuncia un desfasaje crónico entre los costos operativos (insumos, energía y salarios) y los valores de las prestaciones médicas, una situación que se ha agravado por la falta de un «sinceramiento» de precios por parte de sucesivas gestiones gubernamentales.

Desde el sector exigen una norma urgente que brinde previsibilidad y protección normativa para evitar el cierre de establecimientos y garantizar el derecho a la salud de toda la población.

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