El Gobierno de la provincia de La Rioja, en conjunto con la Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Escribanos, avanza en la implementación de medidas para proteger a los ciudadanos afectados por la eliminación de la Ley de Alquileres. Esta acción busca contrarrestar la desprotección que, según las autoridades provinciales, ha afectado a cerca de 50 mil riojanos, muchos de los cuales se han visto obligados a regresar a sus hogares familiares o a vivir en condiciones de hacinamiento.

En una reunión de trabajo, el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, destacó que la falta de una normativa clara y la ausencia de inversión pública en construcción han agravado la situación, afectando a más del 12% de la población riojana que vive en alquiler.

La articulación entre el sector público y las organizaciones civiles busca fortalecer la actividad inmobiliaria y garantizar un equilibrio que beneficie a los ciudadanos. La presidenta del Colegio de Escribanos, Maura Guzmán, y la secretaria de la Cámara Inmobiliaria, Erika Davil, se comprometieron a trabajar en conjunto con el gobierno provincial para resolver problemas y mejorar los servicios a la comunidad.

El Gobierno riojano reafirmó su compromiso de coordinar acciones con el sector privado para defender los derechos de los ciudadanos y promover el acceso a la vivienda en un contexto de crisis social y económica a nivel nacional.