Después de que Javier Milei decretara esta madrugada la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima, en lugar de un Sociedad del Estado, el Gobierno proyecta una serie de cierres de sucursales y despidos en la entidad, inclusive antes de su privatización. La definición de las provincias más afectadas y las fechas de ejecución de las clausuras y desvinculaciones estará a cargo de las autoridades del BN. Según dicen, el objetivo es que el banco público sea más eficiente y contribuir a reducir el déficit fiscal.
Los despidos y cierres no están contemplados explícitamente en el decreto que firmó a última hora de ayer el Presidente, antes de su viaje a Estados Unidos, urgido por el vencimiento del plazo para ejecutar la recategorización, el 22 de febrero. Pero altas fuentes nacionales adelantaron que ya están hechas las proyecciones de esos cierres, aunque evitaron dar mayores detalles. “Los análisis pormenorizados van a estar en manos de las autoridades del banco”, dijeron.
“El objetivo es eficientizarlo, modernizarlo, y eso conllevará cierres”, dijo un alto funcionario vinculado al proceso. Existen 780.000 dependencias del BN, y por ahora tienen planeado priorizar el cierre de aquellas emplazadas en municipios cuyas tasas sean más elevadas. “Van a haber recortes, y tiene que haber una reestructuración de los convenios de trabajo”, dijo un alto funcionario nacional, que aclaró que el directorio del Banco, que está presidido por Daniel Tillard, se mantendrá intacto, por ahora.
El momento exacto de estos cierres no está claro, pero no descartan ejecutarlos antes de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de privatización del Banco Nación. La fecha para reiniciar el trámite legislativo tampoco está definido, pero es el objetivo final, declarado, del Ejecutivo, en este caso como en el de todas las sociedades del Estado.
En el Gobierno aclararon que los análisis están en marcha y que no necesariamente cerrarán las sucursales de todos esos distritos. Aunque admiten que el Banco Nación no es deficitario, deslizan que consideran que “perdió el foco de su actividad y el propósito del plan de negocios”. Algunos funcionarios se inclinan por un modelo similar al de YPF, pero no se atreven a afirmar que así será. “Hay muchas herramientas para asegurarse de que el control lo siga teniendo el público”, dijeron. Pero aún no definieron cómo será el detalle del proyecto de privatización que enviarán al Congreso, ni el momento en que avanzarán.
En lo sucesivo presentarán ante la Inspección General de Justicia los balances y los reglamentos, que tienen planeado modificar durante las próximas semanas. Mientras tanto, evaluarán la necesidad de las oficinas y cantidad de empleados. La Bancaria, que conduce el sindicalista identificado con Cristina Kirchner, Sergio Palazzo, ya adelantó la postura combativa frente al avance del Gobierno y dijo que se trata de una “estafa”.
Fuente: InfoBAe
