El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reúne por segunda vez en la Era de Javier Milei con la expectativa de las tres centrales sindicales de conseguir un mejor acuerdo que en la primera ocasión cuando el Gobierno terminó acordando de forma unilateral una suma que dejó al ingreso por debajo de la línea de indigencia, en los $202.800 actuales. Si bien no consensuaron aún un número, tienen una batería de cifras que pondrán sobre la mesa en base al valor que perdió en términos reales durante los últimos años.
En febrero, el Gobierno alegó que no hubo acuerdo entre las partes que conforman el Consejo del Salario, por el sector empleador y el de los trabajadores. En concreto, fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, el encargado de anunciar que el Ejecutivo de Milei lo resolvería por decreto, en una entrevista televisiva. Luego informaron el monto en tres tramos para subirlo de los $156 mil que arrastraba desde fin de 2023 a los $180 mil en febrero y $202 mil en marzo.
Desde aquel momento a esta parte cambió la cúpula entera de la Secretaría de Trabajo, con la salida de su titular, Omar Yasin, y la número dos, Mariana Hortal Sueldo. La llegada de Julio Cordero a la oficina pone al frente a un interlocutor «mucho más orgánico y con respaldo político y empresarial«, señalan desde las centrales que hoy se sentarán a la mesa virtual. No obstante, del otro lado, no estará Cordero como árbitro sino Liliana Archimbal, la subsecretaria del área.
Para las 16 horas está programado el plenario. El porcentaje, de haber negociación esta vez, se definirá en la comisión técnica que se conectará vía remoto a las 14. Antes, durante la mañana, las tres centrales buscarán coordinar una posición sobre la base de los informes técnicos que manejan desde sus usinas.
Cualquier número que busquen no puede estar por debajo de una canasta alimentaria que marca la línea de indigencia en la Argentina para una familia de cuatro integrantes, dicen de manera informal. Hoy representaría un 50% de aumento sobre la base del salario mínimo, vital y móvil actual pero que en el mejor de los casos, debiera ascender un 100% hasta los $400 mil solo para recuperar el poder adquisitivo previo a la devaluación de fin del año pasado.
Acorde al INDEC, en marzo de 2024, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 10,9% mientras que la de la canasta básica total (CBT) -que la amplía con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios- fue de 11,9%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 48,8% y 56,0% y resultaron en variaciones interanuales del 308,2% y 304,4%, respectivamente.
Esto ubica la canasta alimentaria individual que determina la indigencia en $115.873 y la de pobreza en $250.286. Pero el número asciende a $285.048 y $615.705, respectivamente, para un hogar de tres -una persona de 18 años, una adulta y una adulta mayor- y a $358.049 y $773.385 para un hogar tipo de cuatro personas -dos adultos y dos menores-, con lo cual un salario mínimo vital y móvil hoy no puede costear las necesidades mínimas de un grupo familiar.
En consecuencia, en abril el salario mínimo de $202.800 sólo alcanzó para adquirir poco más de la mitad de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y menos de un cuarto de la canasta de pobreza. Si bien hoy su incidencia en el mercado laboral es escasa, el monto define aún programas sociales como las Becas Progresar y asignaciones como la AUH Anses, de ahí su relevancia social.
«Desde los gremios pedimos que fuera presencial para que haya una verdadera negociación«, comentó a El Cronista un dirigente con lugar en la mesa. Sin embargo, la cita volverá a ser con conexión remota. «La última vez vinieron deliberadamente sin propuesta. Nos dijeron que había que había que aceptar sin conocer la propuesta, nunca nos la dijeron aquella vez«, recordó.
Entonces, las CGT y las dos CTA que durante el gobierno de Alberto Fernández habían mantenido posturas encontradas en el mismo organismo, coincidieron en rechazar cualquier porcentaje que saliera del Consejo por entender que era un acuerdo entre el Gobierno y los empresarios que había dejado a los trabajadores de lado.
«Acá se discute con el Estado, ni siquiera con las cámaras empresariales, porque ninguna paga esos salarios. Y está muy difícil», anticipan del lado gremial.
Fuente: Cronista Comercial
