Caravaca Pazos por su parte consideró que el tema de los alquileres temporarios «no es algo que afecte mayormente a las provincias» y sostuvo que «la habilitación de pago adelantado está contemplada como posibilidad y no como exigencia». También agregó que se está «ante una ley que es mala para todos porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó«.

«Les pido que tenga en cuenta lo que se generó con esta ley actual, si cada 12 o 14 meses hay que hablar nuevamente del tratamiento de la ley evidentemente hay algo que no está funcionando y está generando un perjuicio», enfatizó.

La primera de las reuniones fue convocada para las 14, mientras que la segunda fue agendada para este jueves a las 11, en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Para ambas jornadas habrá presencia de protagonistas, entre los que se encuentran las asociaciones de inquilinos, propietarios de inmuebles y cámaras inmobiliarias.

El proyecto de reforma, aprobado el pasado miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados, reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

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