Este miércoles habrá sesión desde el mediodía en el Congreso para modificar la Ley de Alquileres. La oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, sostiene que de mínima se debería volver a contratos de dos años y actualizaciones cuatrimestrales, eliminando el índice oficial para los contratos, como pide el sector inmobiliario. Desde el oficialismo aseguran que bajaran al recinto solo si los sectores opositores logran quórum, y defenderán el dictamen mayoritario que sostiene las condiciones actuales y agrega beneficios impositivos a ciertos propietarios. Lo que suceda en el reciento afectará a más de 8 millones de personas en el país, que dependen de un alquiler para tener un techo donde vivir.

El acceso a la vivienda es un derecho constitucional y, en la última década, la forma acceso está cada vez más ligada al alquiler. Según los últimos datos difundidos por Indec en el Censo 2022, en poco más de diez años la cantidad de personas que pueden acceder al sueño de la casa propia se redujo considerablemente al pasar del 72% al 65%, una caída de siete puntos a nivel nacional. Así, el problema de los alquileres es parte la crisis habitacional que se vive en Argentina: 1 de cada 3 hogares en el país no cuenta con condiciones adecuadas por falta de servicios básicos y hacinamiento, 2,6 millones de viviendas demandan ampliación y mejoras, y las grandes urbes se expandieron 1,5 veces más que el crecimiento real de la población, según datos del informe Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda, de ACIJ, CIPPEC y TECHO.

En este marco, a las agrupaciones de inquilinos les preocupa que, otra vez, vuelvan a quedar en manos de una sola de las partes, la de mayor poder en la negociación, las condiciones de acceso a este derecho esencial. Más aún cuando a tres años de la implementación de la ley 27.551 el balance de los primeros contratos da cuenta de un fuerte incumplimiento que se traduce, sobre todo, en aumentos de mercado que superan el índice oficial y a la propia inflación. Se preguntan entonces si el problema es la ley o su incumplimiento y falta de control, en el marco además del sostenido proceso inflacionario y con una creciente dolarización del negocio inmobiliario.

Por su parte, datos del CESO en torno a la evolución del precio de los alquileres en CABA, evidenciaron que en julio el precio de oferta de un monoambiente aumentó 144,9%, en los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 150% y de 135,3% en los de 3 ambientes, mientras que la inflación interanual en ese periodo fue de 113,4% y el Índice para Contratos de Locación (ICL), que regula la actualización de los alquileres dentro de un contrato ya vigente, mostró una suba aún menor, de 109,8% al último día de ese mes. En el caso del porcentaje de ofertas expresadas en dólares, el centro de estudios indicó que “a partir de enero del 2023 ese valor alcanzó el 30%, en marzo de este año subió al 40%, en junio por primera vez se ofrecieron más unidades en dólares que en pesos (54,6%) y en julio descendió al 52,4%”.

Fuente: EL Destape