La reacción oficial tras las invasiones del Palacio del Planalto, de la Corte Suprema y del Congreso demoró 5 horas. Llegó en el preciso momento en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención del Distrito Federal, que tiene el estatus de estado: su gobernador, Ibaneis Rocha, perdió entonces el control de los uniformados, que ahora pasan a ser manejados hasta el 31 de enero directamente por el Ministerio de Justicia nacional. La Policía militar, un órgano de cercanías explícitas con el bolsonarismo, entró finalmente en acción para contener los desmanes.

Al leer el texto de su decreto, Lula apuntó al menos cuatro veces contra el propio Jair Bolsonaro, a quién calificó de “genocida”. De manera directa, lo responsabilizó por ser el mentor intelectual de esta “acción terrorista”. Dejó abierto el camino a enjuiciar, en el futuro, al ex mandatario que hoy se encuentra en Estados Unidos, adonde viajó el viernes 29 de diciembre, poco antes de la ceremonia de asunción presidencial en la que debía entregar el mando a su sucesor.

El gobierno federal acaba de pedir la captura de Antonio Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro, y hasta hace algunas horas, secretario de Seguridad del Distrito Federal. Lo acusan de omisión ante el “ataque” a los tres poderes, argumentando que la policía militar de Brasilia evitó reprimir a los manifestantes cuando estos ingresaban en la Esplanada de los Ministerios, avenida que conduce directamente a la Plaza de los Tres Poderes. Videos de amplia circulación en las redes sociales muestran a los policías “brasilianos” en situaciones distendidas con los manifestantes bolsonaristas. Al igual que Bolsonaro, Torres está en Orlando, desde donde ha comenzado a conjeturarse en círculos políticos se manejaron los hilos de esta operación. El ahora ex funcionario habría tenido conocimiento sobre lo que estaba en curso, según lo acaba de revelar la Policía Federal brasileña. Según indicaron fuentes reservadas de esa fuerza, en el Congreso estaban al tanto de la “depredación” que se avecinaba y el sábado se comunicaron precisamente con el organismo dirigido por Torre para pedirle un “refuerzo de la seguridad” del Parlamento. El pedido fue ignorado.La devastación del edificio de la Corte Suprema traspasó todos los límites, habida cuenta de la historia de enfrentamientos entre la Justicia y Bolsonaro. El ex presidente llegó a decir, en su primer año de gobierno, que bastaba “intervenir la Corte” con un “sargento y un soldado” de las Fuerzas Armadas para, a su juicio, poner a raya al máximo organismo judicial brasileño.Los extremistas llegaron a la sala que ocupa el juez Alexandre de Moraes.

Allí abrieron el armario donde el ministro guarda su toga y tomaron la vestimenta para llevarla como trofeo. Ese saqueo tuvo un fuerte valor simbólico para los “terroristas”, como califica a los invasores la prensa brasileña. El enfrentamiento del ex jefe de Estado con el juez, quien además preside el Tribunal Superior Electoral, llevó a situaciones irrecuperables inclusive desde el punto de vista personal. Varias veces se escucharon insultos contra el magistrado proferidos en público por el ex gobernante.El despojo de los edificios estatales cometido por “los vándalos” bolsonaristas tiene evidentes similitudes con lo ocurrido en enero de 2021 en Washington, cuando seguidores del ex presidente Donald Trump entraron en el Capitolio. Reclamando fraude, los “trumpistas” en acción se negaban a aceptar el triunfo de Joe Biden. Esos manifestantes norteamericanos, que comparten con estos brasileños el mismo extremismo de derecha, invadieron el Congreso con armas durante el conteo de votos por el Colegio Electoral.