A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que hasta ahora funcionaba con autarquía y centralizaba las políticas públicas del sector. Sus competencias, presupuesto y personal serán absorbidos por el Ministerio de Salud, que ahora tendrá bajo su órbita la gestión de las prestaciones y pensiones.

Esta decisión se enmarca en el plan de reforma del Estado y reducción del gasto público. Desde el Ejecutivo argumentan que el traspaso busca optimizar recursos y mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, la medida genera preocupación en organizaciones civiles y beneficiarios, dado que ocurre en un clima de fuertes auditorías sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) y tras una serie de despidos masivos en el área que afectaron la atención territorial.

Con este cambio, las políticas para personas con discapacidad dejan de tener un rango institucional específico para convertirse en una dirección o secretaría dentro de la estructura de Salud, lo que para muchos sectores representa una pérdida de jerarquía y enfoque integral.