El relato oficial de la «desinflación» choca de frente contra la realidad de los depósitos mayoristas y las cajas de los supermercados. Tras el último tarifazo en los combustibles —una decisión política que el Ejecutivo justifica como «sinceramiento»—, la cadena de suministros ha comenzado a vomitar nuevas listas de precios que destruyen cualquier atisbo de estabilidad.

Mientras el Gobierno celebra números macroeconómicos en el confort de las planillas de Excel, los consumidores se enfrentan a un golpe directo: remarcaciones de hasta el 12% en productos esenciales. La logística, asfixiada por el costo del flete, no tiene más remedio que trasladar el ajuste a la mercadería. No se trata solo de productos de lujo; hablamos de panificados, lácteos y carnes, la base de la mesa argentina que hoy se vuelve un privilegio.

Lo más alarmante es el cinismo oficial. En las reuniones con supermercadistas, el foco se desvía hacia las tasas municipales para no admitir que es la política energética del Gobierno la que está empujando los costos al abismo. Mientras tanto, el consumo interno se desploma a niveles históricos. Sin poder adquisitivo y con precios que suben por el ascensor de la nafta, el «ajuste» lo sigue pagando la gente común, no la casta, en cada ticket del supermercado.