La Cámara de Diputados de la Nación ha marcado un hito en el debate ambiental y económico de Argentina al aprobar, tras una intensa sesión de más de 11 horas, la reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, impulsada con fuerza por el Poder Ejecutivo y respaldada por gobernadores de provincias cordilleranas, busca flexibilizar las restricciones actuales para permitir el avance de proyectos extractivos, principalmente mineros, en zonas que hasta ahora gozaban de una protección absoluta.

El núcleo de la controversia radica en la redefinición del «ambiente periglacial». Mientras que la normativa original de 2010 protegía estas áreas de forma preventiva por su rol como reguladores hídricos, la nueva reforma establece que solo serán protegidas aquellas geoformas que posean una «función hídrica efectiva y estratégica» demostrada mediante estudios técnicos. Este cambio traslada, además, la potestad de control y monitoreo desde los organismos científicos nacionales (como el IANIGLA-CONICET) hacia las administraciones provinciales, lo que para muchos sectores constituye una pérdida de rigor científico en favor de intereses económicos inmediatos.

Durante el debate, las posturas fueron irreconciliables. Los defensores de la reforma, entre ellos mandatarios de San Juan y Catamarca, argumentaron que la minería es el motor indispensable para el desarrollo del interior del país y que la ley anterior, por su «ambigüedad», mantenía frenadas inversiones millonarias esenciales para el empleo y la transición energética. Por otro lado, la oposición y una coalición de más de un centenar de organizaciones ambientalistas denunciaron que se está «mercantilizando el agua» en un contexto de crisis climática global. Advirtieron que la desprotección de los glaciares de escombros y zonas periglaciares pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce que alimentan a gran parte de las cuencas del país.

La sanción se produjo en un clima de alta tensión social, con movilizaciones en las afueras del Congreso y una audiencia pública previa que batió récords de participación. Con esta aprobación, Argentina entra en una nueva etapa donde la gestión de sus recursos naturales más críticos quedará sujeta a una interpretación más laxa de la protección ambiental, priorizando el esquema del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).