El conflicto en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, ha escalado de manera dramática tras la firma de la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP el pasado 9 de abril. Esta medida, que altera profundamente el esquema de remuneración y atención de los médicos de cabecera, ha provocado que los profesionales de la salud convoquen a un paro de actividades por 72 horas en señal de protesta. Los médicos denuncian no solo un perjuicio económico directo hacia ellos, con recortes que superan el 50% de sus ingresos, sino también un cambio estructural que afectará directamente el bolsillo de los jubilados mediante la implementación de «coseguros» o copagos.
La resolución en cuestión establece una unificación y supuesta actualización del nomenclador prestacional. Sin embargo, en la práctica, los profesionales aseguran que esta normativa elimina incentivos económicos fundamentales, como los destinados a la formación de posgrado, y suspende el pago de diversas prestaciones que anteriormente se liquidaban por separado. Hasta ahora, el sistema funcionaba bajo un esquema mixto: una cápita fija por cada afiliado asignado y pagos variables según las prestaciones médicas realizadas. Con la nueva disposición, el organismo busca concentrar casi toda la remuneración en el pago por cápita, absorbiendo las prácticas médicas dentro de ese monto fijo, lo que en los hechos licúa el salario profesional.
Desde el sector médico, se advierte que esta «simplificación administrativa» es, en realidad, un ajuste encubierto. Al eliminar el pago por prestación, el incentivo para realizar estudios o seguimientos específicos desaparece del lado del financiamiento, poniendo en riesgo la calidad de la atención. Además, los profesionales subrayan un punto alarmante para la población beneficiaria: la resolución abre la puerta a que los jubilados deban abonar copagos por servicios que antes eran gratuitos. Esta medida representa un golpe doble, afectando la sostenibilidad económica de los consultorios y precarizando aún más el acceso a la salud de los adultos mayores, quienes ya enfrentan un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo en sus haberes.
Jurídicamente, el conflicto también presenta aristas complejas.
