El fiscal federal Franco Picardi ha dado un paso decisivo en la causa conocida como «Coimagate», tras detectar nuevas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el dictamen fiscal, se han identificado irregularidades en el direccionamiento de compras y contrataciones que habrían implicado un desvío de fondos públicos por aproximadamente $75.478 millones.

La investigación señala que este esquema delictivo no fue un hecho aislado, sino una red organizada que involucró a funcionarios públicos y un grupo reducido de empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo (como prótesis, audífonos y sillas de ruedas). Entre los principales señalados se encuentran Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y allegado al presidente Javier Milei, y el lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados como presuntos jefes de una asociación ilícita.

Las nuevas pruebas, que incluyen chats y registros de «cuadernos» secuestrados, sugieren la existencia de un sistema de cartelarización donde las empresas se repartían las licitaciones bajo la condición de pagar retornos. Un punto crítico del informe fiscal menciona referencias a un «3% de coima» que supuestamente tendría como destino a figuras del entorno presidencial. Ante estos hallazgos, el fiscal Picardi solicitó el llamado a indagatoria de 29 personas, ampliando significativamente el alcance de una causa que sacude la estructura política del oficialismo en abril de 2026.