La disputa judicial por la causa Vialidad dio un salto de escala al plano internacional. La defensa legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una presentación formal ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, denunciando la vulneración de garantías constitucionales y pactos internacionales en el proceso que culminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En conferencia de prensa, el equipo de abogados integrado por Carlos Beraldi, el jurista español Javier Borrego y el letrado brasileño Rafael Valim —reconocido por su labor en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva— brindó detalles del reclamo y remarcó que las decisiones que adopte el organismo multilateral tendrán carácter vinculante para el Estado argentino.
Los tres ejes del reclamo internacional
La presentación solicita de manera prioritaria tres medidas cautelares urgentes:
- Suspensión de la inhabilitación política: La defensa sostiene que la condena busca apartar a la titular del PJ de la competencia electoral, calificándola como una maniobra de proscripción.
- Revisión de la prisión domiciliaria: Denuncian tratos «discriminatorios y degradantes», entre los que incluyeron el uso de tobillera electrónica con fallas técnicas recurrentes, restricciones severas a las visitas y controles policiales permanentes.
- Recomposición de la Corte Suprema: Argumentan que la actual conformación del máximo tribunal argentino impide el acceso a una tutela judicial efectiva y neutral.
«Esta situación busca enfocar la atención en el encierro para tapar el verdadero objetivo político, que es evitar que se presente a elecciones», advirtió Borrego, quien criticó la dureza del régimen cautelar aplicado a la expresidenta.
Argumentos técnicos y la carta de Cristina Kirchner
En el plano estrictamente jurídico, el abogado Carlos Beraldi remarcó que se vulneraron diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre los puntos centrales, destacó la violación del principio ne bis in idem (que impide juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho), señalando que 49 de las 51 obras públicas cuestionadas en la causa ya habían sido investigadas y sobreseídas previamente por la justicia.
En la antesala de la presentación, Fernández de Kirchner difundió una carta abierta titulada El costo democrático de la politización de la justicia. En el escrito, sostuvo que «la proscripción perpetua es la pena principal y la privación de libertad, solo la accesoria», al tiempo que denunció un sesgo de género en el juzgamiento y llamó a la militancia a mantener la resistencia política, asegurando que «ninguna proscripción ha logrado apagar la voluntad popular».
Aunque el análisis de fondo por parte de las Naciones Unidas puede extenderse durante años, los defensores adelantaron que esperan una resolución sobre las medidas cautelares en los próximos meses, las cuales, según enfatizó Valim, el gobierno argentino estará obligado a acatar de inmediato.
