Se avanza en la consolidación de un Protocolo de Actuación Interinstitucional. El objetivo central es optimizar la prevención y el abordaje de situaciones de violencia en el ámbito educativo, garantizando respuestas rápidas y canales de comunicación efectivos entre los diversos organismos del Estado.

La iniciativa, que se encuadra en la normativa nacional y provincial vigente, convoca a los ministerios de Educación; Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Salud; y Desarrollo Social. Asimismo, cuenta con la participación activa del Poder Judicial —a través del Tribunal Superior de Justicia y juzgados de Familia y Minoridad— y el Poder Legislativo, encargado de brindar el soporte reglamentario necesario para su operatividad.

Ejes del Protocolo y Alcance Técnico

El documento establecerá con precisión las competencias de cada actor estatal ante amenazas o hechos de violencia dentro de los establecimientos educativos. Los puntos clave incluyen:

• Intervención y Sanción: Definición de instancias de investigación y eventuales medidas correctivas.
• Canales Críticos: Fortalecimiento de la comunicación interna para evitar la burocratización de las respuestas.
• Acompañamiento Integral: Seguimiento de la salud y el bienestar socioafectivo de los estudiantes involucrados.

Prevención de la Alarma Social

Las autoridades participantes de la mesa de trabajo subrayaron la necesidad de evitar la difusión de información no verificada, la cual suele generar focos de alarma social innecesaria. En su lugar, se instó a la comunidad educativa y a las familias a utilizar estrictamente los canales oficiales para el reporte de incidentes.

La mesa técnica contó con la presencia de los ministros Ariel Martínez (Educación), Miguel Zárate (Seguridad) y Juan Carlos Vergara (Salud), junto a la vocal del TSJ, Karina Becerra, y un amplio equipo de magistrados, legisladores y especialistas del CIAPEM y el programa Crecer Sano, reafirmando el compromiso de construir entornos escolares seguros y de contención.