La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que frenaba la baja de los pagos. Organizaciones sociales y referentes piqueteros advierten que la medida profundizará la crisis en los barrios y anticipan un plan de lucha con asambleas y cortes de ruta.

El conflicto por los programas sociales sumó un nuevo capítulo de tensión. La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que mantenía vigentes los pagos del programa «Volver al Trabajo», lo que dejará sin ingresos a casi un millón de beneficiarios a partir de agosto.

La cautelar, otorgada originalmente por un juzgado de Campana, había obligado al Ministerio de Capital Humano a continuar con los desembolsos durante mayo, junio y julio. Sin embargo, con el nuevo fallo de segunda instancia, la Justicia dejó sin efecto la protección al considerar que sostenerla «implicaría adelantar el resultado final del juicio», según explicaron desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

Un ingreso devaluado por el «desacople»

El programa «Volver al Trabajo» (heredero de la reestructuración de los planes sociales tras la asunción de la actual gestión de gobierno) arrastra un severo deterioro de poder adquisitivo. Desde fines de 2023, las autoridades desvincularon el monto de estos beneficios del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), dejándolo congelado en $78.000.

De haberse mantenido la fórmula que representaba el 50% del salario mínimo, el cobro actual debería ser de $186.200. Esta falta de actualización representa una pérdida de poder adquisitivo del 58% en comparación con la normativa original, y del 76% frente al aumento de la canasta básica alimentaria.

Advertencias de conflicto y parálisis económica local

La decisión judicial encendió las alarmas en el arco social y piquetero, que ya prevé una escalada de conflictividad en las calles. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, denunció que la medida «reafirma el desprecio por los trabajadores de los comedores populares» y confirmó que responderán con «asambleas y cortes de ruta».

Por su parte, Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP, alertó sobre el impacto indirecto que tendrá la quita de estos fondos en los comercios de cercanía: «La plata que el gobierno le quita a los sectores más vulnerables es dinero que deja de circular en las economías locales, golpeando de lleno a verdulerías, almacenes y quioscos de barrio». Asimismo, la dirigente advirtió que la crisis social «va a estallar en las narices» de los gobernadores provinciales que respaldan el rumbo económico del Ejecutivo nacional.

La batalla ahora se trasladará a dos frentes: la apelación del fallo en el plano judicial y el retorno de las protestas de máxima intensidad en el espacio público.