La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) denunció que el Estado nacional acumula una deuda superior a los $27.000 millones de pesos en concepto de compensaciones por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y bajo tratamiento de oncopediatría. El reclamo escaló fuertemente luego de que la Secretaría de Transporte publicara la Resolución 28/2026, mediante la cual eliminó definitivamente el fondo económico destinado a compensar a las compañías de larga distancia por estos boletos.
Desde el sector empresarial advierten que la medida del Gobierno se implementó en medio de una disputa judicial que ya lleva más de un año. Explicaron que, a pesar de que el Decreto 883/24 desreguló la actividad y quitó al transporte de larga distancia la condición de «servicio público», las empresas siguen legalmente obligadas a absorber este costo de forma obligatoria. Según CELADI, el último pago oficial que recibieron fue en noviembre de 2024. Desde entonces, las firmas continúan otorgando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año sin recibir ningún tipo de reembolso estatal.
La tensión sumó un capítulo clave el pasado 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal dictaminó formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación por $8.753 millones, correspondiente al período noviembre 2024 – abril 2025. El sector advierte sobre la inviabilidad económica del sistema bajo las condiciones actuales si el Ejecutivo no regulariza los pagos pendientes ordenados por la Justicia.
