El laberinto de la reforma laboral: entre las urgencias de Milei y el filtro de la oposición «dialoguista»

La administración de Javier Milei ha decidido imprimir una velocidad vertiginosa a su agenda de transformación normativa en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el ímpetu del Poder Ejecutivo se ha topado con un muro de pragmatismo erigido por los bloques denominados «dialoguistas». La Unión Cívica Radical (UCR) y el bloque Hacemos Coalición Federal han dejado claro que su respaldo no será un cheque en blanco, supedidando el acompañamiento de la Ley Bases a modificaciones sustanciales en el capítulo laboral.

El corazón de la controversia radica en la profundidad de la desregulación propuesta. Mientras que el oficialismo pretende una poda drástica de las protecciones actuales, sectores de la oposición moderada advierten sobre la necesidad de preservar ciertos equilibrios para evitar una judicialización masiva. Los puntos de fricción son claros: la eliminación de multas por empleo no registrado, la extensión de los periodos de prueba y la implementación de fondos de cese laboral que reemplacen las indemnizaciones tradicionales.

Esta pugna legislativa ocurre en un vacío de certezas para el trabajador promedio. La retórica oficialista presenta la reforma como la única vía para incentivar la contratación, pero la crítica periodística no puede ignorar que, en la práctica, se está discutiendo una transferencia de riesgos del empleador al empleado. La insistencia de los aliados por moderar artículos vinculados a las cuotas solidarias y la limitación de la cuota sindical también revela una interna política: el intento de algunos sectores por no romper puentes definitivos con la cúpula de la CGT, mientras otros buscan un debilitamiento terminal de las estructuras gremiales.

El Gobierno intenta, mediante una estrategia de «todo o nada», forzar un dictamen rápido. No obstante, la fragmentación del Congreso obliga a una negociación punto por punto. Lo que está en juego no es solo un conjunto de artículos técnicos, sino un cambio de paradigma en el contrato social argentino, donde la flexibilidad parece ser la única respuesta ofrecida ante una crisis económica que no da tregua.

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