La devastación que ha sufrido la región patagónica recientemente no puede ser catalogada simplemente como un infortunio climático. Especialistas en ecología y gestión de riesgos coinciden en que la magnitud de los siniestros se ha visto potenciada por una serie de determinaciones políticas que debilitaron la capacidad de respuesta del Estado. El desmantelamiento de estructuras operativas y la incertidumbre presupuestaria han dejado a los ecosistemas boscosos en una situación de vulnerabilidad extrema.

Uno de los ejes centrales de la crítica radica en la parálisis del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). La prórroga presupuestaria del año anterior, sin contemplar la inflación galopante, significó en los hechos un recorte drástico para el mantenimiento de brigadas y la contratación de medios aéreos. Cuando los focos ígneos comenzaron a propagarse en zonas de difícil acceso como el Parque Nacional Los Alerces, la falta de recursos técnicos y humanos se tradujo en una demora crítica para la contención temprana de las llamas.

Asimismo, la derogación de normativas mediante el DNU y los proyectos impulsados en la Ley Bases han generado una alarma justificada. La modificación de la Ley de Tierras y la laxitud propuesta en la Ley de Manejo del Fuego (que anteriormente protegía las zonas quemadas contra la especulación inmobiliaria) envían un mensaje peligroso: el territorio es un activo comercial antes que un patrimonio natural. Según los académicos, esta desregulación incentiva indirectamente la negligencia o la intencionalidad, al eliminar las restricciones para el cambio de uso de suelo tras una conflagración.

La gestión del riesgo requiere de una presencia estatal robusta y previsoria. Sin embargo, la actual administración ha optado por un retiro estratégico que delega en las provincias responsabilidades que, por ley y logística, deberían ser coordinadas a nivel federal. El resultado es un paisaje calcinado que tardará siglos en recuperarse, evidenciando que el ajuste fiscal, cuando toca las áreas de protección ambiental, tiene un precio que no se mide solo en pesos, sino en biodiversidad irremediable.


A continuación, se detalla la superficie impactada en los principales focos referidos por los informes técnicos durante el periodo de crisis analizado: