La Argentina atraviesa un laberinto estructural del que nadie, con un mínimo de honestidad intelectual, pretende salir por la misma puerta de entrada. La necesidad de una reforma laboral es una verdad que grita desde las estadísticas: un sector privado estancado hace una década, un 45% de informalidad que condena a millones a la precariedad y un sistema de multas que, en ocasiones, asfixia a la Pyme que intenta dar trabajo. Sin embargo, el camino que propone el gobierno de Javier Milei no parece ser un puente hacia la modernización, sino un salto al vacío hacia la desprotección absoluta.

El diagnóstico oficial es reduccionista. Bajo la premisa de que «el costo laboral es el único freno a la inversión», la gestión libertaria plantea una reforma basada en la poda de derechos adquiridos, la extensión de períodos de prueba que rozan la arbitrariedad y la eliminación de indemnizaciones bajo el modelo del «fondo de cese». Esta visión parte de un error de concepto fundamental: el trabajador no es un costo a eliminar, sino el motor del consumo que sostiene la economía.

La reforma planteada desde la Casa Rosada ignora que la flexibilidad total no genera empleo por sí sola. Si no hay demanda, si el mercado interno está deprimido por una licuación feroz de los ingresos, no importa cuán «barato» sea despedir; nadie contrata en una economía que no consume. El gobierno propone una «uberización» de la fuerza laboral, donde el riesgo empresario se traslada íntegramente al eslabón más débil.

Una reforma necesaria, pero con rostro humano, debería enfocarse en otros ejes que el Ejecutivo decide omitir sistemáticamente:

Reducción de la carga impositiva sobre el salario, no sobre el derecho: Es el Estado el que debe aliviar la presión sobre las Pymes, reduciendo aportes patronales para nuevos puestos de trabajo de manera escalonada, sin que eso signifique que el trabajador pierda su cobertura de salud o su jubilación futura.

Formación para la economía del conocimiento: En lugar de discutir cómo facilitar el despido de un peón, deberíamos estar legislando incentivos para la capacitación técnica masiva. La brecha hoy no es solo legal, es de habilidades.

Blanqueo con incentivos reales: Un régimen de transición para el empleo informal que no sea una amnistía para los que evadieron, sino un camino de integración que proteja la antigüedad del empleado.

La contradicción del discurso

Es paradójico que un gobierno que se autopercibe como «el más liberal de la historia» utilice la fuerza del Estado para intervenir en las paritarias cuando los aumentos no le cierran en su planilla de Excel, pero reclame «libertad absoluta» para que el empleador dicte las condiciones de contratación. No es libertad si hay una asimetría total de poder.

La reforma que Argentina necesita debe ser fruto de un acuerdo tripartito (Estado, empresas y sindicatos) y no una imposición por decreto que termina judicializada en cada tribunal del país, generando más incertidumbre jurídica de la que intenta resolver.

Gobernar es elegir prioridades. Y hoy, la prioridad del gobierno parece ser desmantelar el tejido social bajo el pretexto de la eficiencia fiscal. La modernización laboral no debe ser sinónimo de retroceso social. Si la reforma solo sirve para que los números cierren con la gente afuera, no es una solución, es un certificado de defunción para la clase media trabajadora.